La razón de la impunidad

Mucho nos preguntamos los ciudadanos qué fue lo que le sucedió al país para llegar hasta donde hemos llegado en cuestión de inseguridad y violencia públicas. Es más, esa misma pregunta se la hizo hace ya casi una década el hoy presidente Peña Nieto desde el cajón de un elevador, cuando ascendía varios pisos de uno de los rascacielos de la ciudad china de Shanghái y contemplaba, asombrado, la majestuosidad de la considerada capital financiera del país asiático durante una gira internacional de trabajo, en los inicios de su periodo de gobierno al frente del Estado de México: “¿Cuál fue el momento en que México se perdió?”. Pregunta que quizá hoy muchos “hijos” del neoliberalismo se hacen al ver la magnitud de la inconformidad y el resentimiento sociales que llevaron a un aplastante triunfo del candidato opositor de la coalición Juntos Haremos Historia que integraron los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, y que arrasó el pasado primero de julio. El tema no sólo pasa por lo económico, trasciende, por lógica, al social y, como consecuencia, al ámbito político. Sin embargo, algunos siguen sin entender el fondo del descontento popular. Simplemente, falló la aplicación del modelo, dicen. Falló el candidato, dicen otros. Muy simplista el análisis.

En las últimas horas, los habitantes de la Ciudad de México, centro del “sistema nervioso” del país, hemos constatado la forma en que el deterioro social se reproduce en la capital como ha sucedido desde hace varios años en estados como Tamaulipas, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, etcétera.

Y es que lo sucedido la noche del pasado viernes en la céntrica y muy turística zona de Garibaldi, a un costado del Eje Central Lázaro Cárdenas (la antigua San Juan de Letrán), es un ejemplo de cómo la impunidad se debe a una sola cosa: La colusión, por acción u omisión, de quienes encabezan y operan las instituciones encargadas de la seguridad pública con las mafias que a todos los niveles actúan en contra de la sociedad.

Resulta que observando los “reportes de inteligencia”, no las fichas policiacas que se elaboran en las oficinas de prensa de las instituciones encargadas de prevenir el delito y procurar justicia y que se “reparten” a todos los medios de comunicación, se da uno cuenta que hasta los escritorios de los funcionarios locales y federales llegan archivos completos de los involucrados en el tráfico de drogas; nombres, propiedades que poseen, lugares de venta de droga, cómplices y demás, pero, simple y sencillamente, no actúan para quitar esas “lacras” sociales que siguen envenenando a miles de jóvenes, como el caso de la Ciudad de México, y generando más violencia.

Me sorprende la rapidez con la que fluyó la información en las “altas” esferas del gobierno de la CDMX tras la agresión ocurrida en pleno viernes de quincena en una zona repleta de turistas, visitantes y, por supuesto, de mariachis.

Resulta que ya sabían que la agresión iba dirigida contra Araceli Ramírez García, nueva “cabeza” de esa zona que pertenece al cártel Anti-Unión, enfrentado de unos meses para acá con el otro grupo delictivo que actúa en esa amplia región de la ciudad llamado la Unión-Tepito, cuyo líder, Roberto Moyado Esparza, El Betito, ya está en la cárcel desde principios de agosto.
      La joven asesinada en su propio “negocio”, disfrazado de fonda garibaldesa, heredó “la plaza” de su esposo, otro narcotraficante —Víctor Jesús Barajas— asesinado este año por la zona de Tlatelolco, muy cerca de donde ocurrió la balacera la noche del viernes y donde fue acribillada una docena de malandros, de los cuales, seis ya murieron.

Con toda esa información, y más que seguramente conocen, ¿por qué no actúan las autoridades cuya función principal es servir a la sociedad? Usted, estimado lector, seguramente ya tiene la respuesta.