Hacia una política integral

Coincido plenamente con esta afirmación. El pasado 15 de septiembre, Excélsior publicó una nota que dejó helado a más de un analista de finanzas públicas. Se escribió en dicho diario que los equipos especiales de la Armada de México han incautado a los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, tan sólo en lo que va del año, “más de 100 toneladas de drogas por un valor de casi 60 mil millones de dólares”. Con este dinero podrían construirse cuatro aeropuertos como el de Texcoco (si se considera que el costo estimado de este último será de 15 mil millones de dólares, aproximadamente).

En efecto, los cárteles de la droga se han fragmentado. Tras diez años de guerra contra el narco, predominan grupos más pequeños, pero más feroces, que luchan cuerpo a cuerpo por esos cuantiosos recursos, en amplias franjas de un territorio nacional “balcanizado”. El cambio de fuerzas políticas al frente de diversas entidades federativas, junto con la consolidación de nuevas actividades ilícitas como el huachicol, también han derivado en una dramática modificación del mapa de violencia en los últimos cinco años en el país.

Aquí algunas muestras del cambio que se ha vivido a nivel regional. En 2012, las mayores tasas de homicidios se concentraban básicamente en Chihuahua, Guerrero, Durango, Sinaloa y Tamaulipas. Para 2017, esta tendencia se modificó. La violencia se incrementó de manera dramática en Colima, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. La violencia pasó de ser un fenómeno predominante en los estados del norte, a los estados de la zona centro-sur del país, donde ahora existen cifras alarmantes. Hoy la violencia abarca más entidades y más municipios.

En efecto, la fragmentación de los grupos delictivos, aunada a la corrupción endémica y la mala asignación presupuestal, han abonado en el colapso de las instituciones nacionales, especialmente los municipios. Pero clamores como los que se escucharon recientemente en el “Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia”, donde decenas de víctimas clamaron al Presidente electo por acciones inmediatas frente a sus desaparecidos, nos habla de una problemática mucho más profunda respecto al tejido social, e incluso, la forma en que ha evolucionado socio-antropológicamente la violencia en nuestro país.

Un ejemplo dramático es la violencia contra las mujeres, y que va mucho más allá del narcotráfico. Cabe citar que las Procuradurías de 12 estados de la República tienen reportadas al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que 10,157 mujeres desaparecieron de enero de 2014 a junio de 2016. La mayoría de estas mujeres tenía entre 12 y 17 años de edad, lo que permite pensar que existe una fuerte vinculación entre la desaparición, la trata y/o la explotación sexual.

La revisión del último informe de gobierno de EPN nos muestra que tan sólo entre 2015 y 2017, el gobierno federal emitió 13 declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. Solicitó por este medio, acciones gubernamentales de emergencia en Morelos, Edomex, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Colima, Nayarit, Guerrero, San Luis Potosí, Quintana Roo y Sinaloa, para enfrentar la violencia feminicida en un total de 111 municipios del país.

Cada vez queda más claro que, si bien el narcotráfico es un problema mayúsculo, la inseguridad y la violencia tienen una condición estructural mucho más profunda. El problema debe atenderse bajo una óptica integral. Un ejemplo sencillo. Si vamos a gastar alrededor en 110 mil millones de pesos en becas para jóvenes del país y evitar que caigan en las garras del crimen; ¿cómo vamos a promover que también generen conciencia sobre la violencia contra las mujeres en México? Es momento de pensar juntos, fuera de la caja.