Cuatro años han pasado

Muchas cosas han cambiado, muchas más se mantienen igual. Un gobierno nuevo habrá de tomar posesión el 1º de diciembre, y sin duda alguna este tema será, como ya lo han dejado ver integrantes de la nueva administración, como Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, uno de los más relevantes en su agenda de trabajo para los próximos meses.

El caso Ayotzinapa se convirtió en un caso enigmático, pues de la manera más cruda desnudó la forma en que funciona nuestro país en el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia. Policías municipales atacaron a 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los capturaron y los entregaron a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. Con José Luis Abarca, presidente municipal a la cabeza, se demostró cómo la complicidad entre delincuentes y autoridades es la base del escenario de horror que se vive en sendas regiones del territorio nacional.

43 desaparecidos en el estado de Guerrero se convirtieron en el ícono desgarrador de lo que día con día ocurre en nuestro país. Desde Veracruz y Tamaulipas, hasta Jalisco y Michoacán, en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, sobran los testimonios de víctimas que describen cómo autoridades y policías, en franca alianza con el crimen organizado, han construido un imponente ejército que va dejando desaparecidos que se cuentan ya en decenas de miles y con ello, una estela de dolor a su paso.

Como lo expresó recientemente en las instalaciones de la Normal ubicada en Tixtla, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, “el horror, esta tragedia, no conoce de división política ente los estados del país; el caso de los 43 de Ayotzinapa no ha eclipsado los demás casos de desapariciones en México, sino ha visibilizado toda la tragedia de la desaparición que vive el país en tantos lugares y la falta de respuesta adecuada por parte del Estado”.

El funcionario se dirigió a los familiares: “Ustedes se han convertido en símbolos de algo que va más allá del propio caso, de la lucha de tantas familias de personas desaparecidas por la verdad y justicia en todo México: en Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Sinaloa, Jalisco…”.

Así, a punto de cumplirse un año más de los lamentables hechos ocurridos en Iguala, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, son significativos los planteamientos que ha hecho el equipo de gobierno entrante en esta materia. Al concluir el encuentro entre víctimas de la violencia de todo el país y el Presidente electo, en el Centro Cultural Tlatelolco, el pasado viernes 14 de septiembre, se informó que la próxima administración federal dará cumplimiento a todos los puntos del plan propuesto por los colectivos de familias y arrancará con la conformación de seis mesas de trabajo.

1. Mesa para el diseño del sistema de justicia transicional.

2.  Mesa para la restructuración del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

3. Mesa para el diseño de una comisión de la verdad.

4. Mesa para la creación del sistema contra la impunidad (con la participación de organismos internacionales).

5. Mesa para la reparación integral del daño.

6. Mesa para la creación de un sistema de protección a víctimas y testigos.

Ayotzinapa es una herida abierta que sólo podrá sanar con verdad y con justicia. Combatir la violencia en el país y acabar con algo tan lastimoso para nuestra sociedad, como son las desapariciones, tiene que ver con construir un nuevo andamiaje institucional de procuración e impartición de justicia, atacar la corrupción que prevalece entre autoridades y delincuentes, y fortalecer los cuerpos policíacos en todos los órdenes de gobierno. Ésa es la única forma en que el recuerdo de una noche de sangre y horror podrá convertirse en semilla de un país en paz y con esperanza.