MADRID, 30 de Julio.- El que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, haya recurrido la llamada Ley Arizona probablemente traerá para él un costo político en las próximas elecciones al Congreso, destacó hoy el diario español El País.

En su editorial indicó que, sin embargo, le otorga un plus de dignidad al que Obama, que hizo de la ordenación migratoria una de las bazas de su campaña a la presidencia, no podía renunciar sin ponerse en entredicho.

Sostuvo que esta inusual intromisión de Washington en la legislación de los Estados desplaza claramente a Obama hacia el centro-izquierda, al menos en la percepción popular, como ha sucedido en las reformas sanitaria o financiera.

"Es un dato a tener en cuenta ante los comicios de noviembre", insistió el rotativo.

El País recordó que a instancias de la Casa Blanca, la juez Susan Bolton suspendió provisionalmente los artículos más autoritarios y racistas de la ley que el Estado de Arizona aprobó hace meses contra los inmigrantes calificados de "ilegales".

Agregó que la juez defiende los principios constitucionales y los derechos individuales por encima del alineamiento de la población, que en más de un 60 por ciento prefiere las supuestas garantías de seguridad ciudadana que otorga la norma impugnada a los principios del Estado de derecho.

Refirió también que Obama recurrió la ley amparándose en un defecto procedimental: la invasión de competencias federales en todo lo relativo a inmigración realizada por el Estado de Arizona.

Hizo hincapié en que Bolton, en la línea de las decisiones que han ido consolidando históricamente la democracia americana, prohíbe la patente de corso a la policía de Arizona para detener a quien exhiba una apariencia de inmigrante entrado ilegalmente.

¿"Cómo puede juzgarse eso?", cuestionó el editorial del diario español.

La juez, añadió, descartó que el hecho de no portar documentación oficial de identidad constituya delito y da por válidos, pues, los motivos de impugnación alegados por el gobierno estadunidense.

No obstante, no hace alusión a algunos otros, como el castigo a los ciudadanos que recojan y transporten a inmigrantes indocumentados, cercanos al medio millón en el Estado del Gran Cañón.